Comprobamos, con evidencia pública y un estándar común, que lo que el Estado declara sobre los algoritmos que usa para decidir sobre las personas se puede demostrar.
Ficción realizada con inteligencia artificial generativa. Personajes y servicios ficticios. Narración: Carolina Álvarez Chamorro.
Los Estados usan sistemas algorítmicos para ordenar listas de espera, asignar beneficios, priorizar fiscalizaciones o atender trámites. Cada vez más países piden publicarlos. Pero una ficha publicada no dice si lo declarado es cierto: falta una capa independiente que lo compruebe con evidencia.

El Registro Verificador no crea un registro nuevo ni reemplaza a nadie: agrega la capa que falta entre lo que se publica y quien puede actuar.
Partimos de los repositorios que ya existen, mantenidos por universidades y centros de investigación, y de lo que cada entidad pública declara.
Una organización de la sociedad civil de cada país contrasta lo declarado con evidencia pública, como compras públicas, contratos y presupuesto. La tecnología rastrea; una persona revisa.
Los resultados quedan a disposición de los órganos que, en cada país, tienen la facultad de actuar, y que los valoran con plena autonomía.

Estándar técnico de referencia: las 23 evidencias mínimas de la Guía de implementación de proyectos de inteligencia artificial en el sector público de la CEPAL.
Un bien público regional: cada país conserva su institucionalidad y su soberanía; todos comparten el instrumento y la metodología.
La verificación la realiza una organización nacional de la sociedad civil, con autonomía.
Tecnología regional de código abierto, desarrollada por el CENIA y operada por cada equipo nacional.
Una red de organizaciones resguarda los mismos lineamientos para todos.
El mismo estándar en todos los países permite aprender unos de otros.
RIEA es una fundación chilena cuya misión es hacer verificable la integridad de quienes deciden sobre las personas. Impulsa el Registro Verificador junto con el GobLab de la Universidad Adolfo Ibáñez y el CENIA.
Buscamos organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación de América Latina y el Caribe que quieran verificar en su país.